IMPULSO/ Teodoro Rentería Arróyave
Más allá de los discursos (8)
Cuando en nuestro país como nunca está en la discusión interna y externa el respeto a los Derechos Humanos, a tal grado que el presidente Enrique Peña Nieto anuncia en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, una nueva extrategia para enfrentar el flagelo del narcotráfico, el presiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, doctor Luis Raúl González Pérez, se adelanta para demandar el respecto más extricto a los mismos.
Nuestro país, agregó, cuenta con el marco legal, las instituciones y las capacidades necesarias para que las violaciones a Derechos Humanos puedan ser investigadas, los responsables sancionados y el daño reparado. Nosotros, por nuestra parte, preguntamos qué esperan las autoridades para cumplir con sus obligaciones.
Por otra parte, siguió el Ómbusdman demanndando, “no es posible que pretendamos hacer vigentes diversas disposiciones legales que están vinculadas con los Derechos Humanos si no se prevén, más allá de los contenidos normativos, los recursos necesarios para que tales disposiciones sean realmente operativas”.
Y devino su demanda valiente cuando aseguró que “la vigencia de los derechos no debe quedar en el ámbito discursivo. Los mismos deben materializarse, y para ello es necesario prever los recursos y las ministraciones en forma oportuna y suficiente”.
Nosotros lo habíamos advertido, cuando se cierra una Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Contra las Libertades de Expresión sin sutento de ley, sin presupuesto y, por tanto, sin dientes para cumplir con su alto cometido.
Las políticas presupuestarias, nos sigue dando la razón, deben tener como condición necesaria un enfoque de Derechos Humanos, a efecto de que los recursos públicos se destinen de manera racional, transparente y efectiva a lograr que los mismos sean una realidad para el mayor número de mexicanas y mexicanos, así como para generar un entorno en el que sea posible su vigencia.
El desarrollo económico no debe ser excluyente o ajeno al desarrollo pleno de las personas y a la realización de sus derechos fundamentales. En este sentido, un manejo adecuado y responsable de los recursos públicos debe pasar necesariamente por un ataque frontal a la corrupción, la cual es un factor que propicia violaciones a derechos humanos.
Nadie puede negarle la razón que que asiste a González Pérez, cuando afirma que los más afectados por la corrupción en nuestro país, son los grupos vulnerables y las personas y sectores marginados.
teodoro@libertas.com.mx
