IMPULSO/Redacción
Toluca
Actos de abierta corrupción tienen detenido y secuestrado uno de los programas más sanos y ambiciosos de la SEP, el de los bebederos escolares que se pretenden instalar en todo el país, así lo denunció el exdiputado y consejero Nacional de MORENA, Emilio Ulloa Pérez, quien dijo que el problema se encuentra focalizado en el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INEFED).
El ex Legislador y dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional aseguró que componendas y actos abiertos de corrupción entre el director de INEFED, Héctor Gutiérrez de la Garza, y su subgerente de Presupuesto y Contratación, Eduardo Becerril Estrada, frenan el proyecto de los bebederos escolares.
“Uno de los pocos programas acertados del Gobierno federal está en riesgo de suspenderse por presuntos manejos irregulares del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa”, señaló Ulloa Pérez.
Recordó que la SEP llamó el pasado 31 de mayo a la iniciativa privada a concursar por la instalación y mantenimiento de un sistema de bebederos con flujo continuo de agua en las escuelas públicas de ocho entidades federativas.
Por cada escuela —según cálculos de los proveedores—, las autoridades educativas destinarán entre 1.5 y dos millones de pesos y gastarán 100 mil pesos por cada bebedero hasta el final del sexenio.
Ese monto cubriría su instalación, los servicios de mantenimiento —preventivo y correctivo— y el monitoreo de la calidad del líquido. Los bebederos escolares deben ser fabricados con acero inoxidable y estar equipados con sistemas integrados de filtración y purificación de agua.
Esto, de acuerdo a los requerimientos del Programa Nacional de Salud Contra el Sobrepeso y la Obesidad, en el marco del Acuerdo Nacional Para la Salud Alimentaria; además, deberán suministran agua potable en los parámetros contenidos en las normas NOM 127-SSA1-1994 y 180-SSA1-1998.
Sin embargo, aclaró Ulloa Pérez, el cuatro de julio, el INIFED asignó cuatro de las seis partidas, cada una, en promedio, para instalar 800 bebederos en un plazo máximo de 100 días, tres de ellas para la empresa Rotoplas y una para el corporativo Nebraska 24 Horas. Las partidas 2 y 4 fueron declaradas desiertas.
Un mes antes, el INIFED definió cuatro partidas para englobar las escuelas públicas de la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, correspondientes a la región 4.
La convocatoria fue difundida el 10 de mayo del 2016, y la publicación de los ganadores ocurrió el 14 de junio: Rotoplas, Maquinaria de Láminas y Productos de Acero, los consorcios representados por GH Maquinaria y Equipo y Grupo Internacional de Diseño y Fabricación de Muebles Especiales. Estos dos últimos ya habían ganado las partidas de la región 2, correspondiente a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí.
Para la región 4, hubo un concursante que rechazó el fallo del INIFED: Grupo Integral Dragde del Estado de México, que buscó quedarse con dos partidas para cubrir planteles educativos en territorio mexiquense y Morelos.
Los representantes legales de Dragde tramitaron un amparo para reclamar el fallo de la licitación, pero también para impugnar que las autoridades federales hayan convocado al mejoramiento de las escuelas públicas al amparo de la nueva Ley Federal para la Infraestructura, en vez de la Ley Federal de Adquisiciones y Obra Pública.
La empresa refererida, a través de sus abogados, reclamó que el instrumento jurídico invocado por el INIFED no contempla la figura de inconformidad y limita la atención y resolución de cualquier queja al fallo del Órgano Interno de Control de ese órgano adscrito a la SEP.
“El resultado de las licitaciones es poco transparente, sin sustento jurídico en la Ley de Adquisiciones”, estableció en su escrito de demanda tramitado el siete de julio, el cual se turnó a la ponencia de Fernando Silva García, juez octavo de Distrito en Materia Administrativa del primer circuito.
En el expediente 1175/2016, Grupo Integral Dragde reclamó la responsabilidad de ambas cámaras del Congreso de la Unión por aprobar el artículo 7 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, que fue promulgada por el Ejecutivo federal.
En su doble carácter de ordenadores y ejecutores del fallo de la licitación pública SB-004-2016, fueron demandados también el director general del Instituto Federal de Infraestructura Física Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza.
