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Ciudad de México
La fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para prohibir expresamente en la ley, que funcionarios públicos tengan acceso a seguros de gastos médicos mayores contratados con empresas privadas El coordinador Clemente Castañeda señaló que con una disposición de ese tipo, el país ahorraría anualmente tres mil 500 millones de pesos, los cuales podrían destinarse a rubros prioritarios como salud, educación y desarrollo social.
“Que quede perfectamente establecida la prohibición de todos los servidores públicos para que sean acreedores a un seguro médico privado. Estaríamos hablando de un ahorro de nada más y nada menos de tres mil 500 millones de pesos de manera aproximada. Es decir, este cálculo sale, más o menos de la suma que habría en la contratación de seguros de gastos médicos privados del Gobierno Federal, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial”, apuntó.
Castañeda Hoeflich recordó que su fracción parlamentaria renunció a los seguros de vida y de gastos médicos mayores que la Cámara de Diputados contrata en beneficio de los 500 congresistas y otros funcionarios administrativos.
Detalló que al rechazar esa prestación, al igual que la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la Cámara dejó de gastar 18 millones de pesos al año, que en parte han sido utilizados para implementar una estrategia de manejo de residuos sólidos en el recinto.MVS
Sin embargo, las autoridades administrativas del Palacio Legislativo no han informado puntalmente cuánto ahorró en los seguros médicos que un total de 80 diputados federales rechazaron, y cuánto se invirtió en el tema del manejo de la basura.
La diputada Claudia Corichi recordó que todos los servidores públicos tienen atención garantizada en el ISSSTE, pero prefieren beneficiarse con seguros de gastos médicos mayores pagados con los impuestos de los ciudadanos, mientras que en el resto del país, seis de cada 10 mexicanos no tiene acceso a los servicios médicos ni de seguridad social.
Subrayaron que la reforma al artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contempla que los funcionarios públicos no deben tener acceso a privilegios como los referidos, en tanto que los recursos utilizados anualmente en ese tipo de prestaciones podrían utilizarse en programas y acciones gubernamentales de beneficio general para la población.
