IMPULSO/ Redacción
Toluca
Resultado de un trabajo de análisis amplio, intenso y plural, la 59 Legislatura mexiquense aprobó por unanimidad la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que ubica a la entidad a la vanguardia en esta materia e implica un avance histórico hacia el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la rendición de cuentas, ello de acuerdo a diputados del PRI, PRD, PAN, Morena, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y Nueva Alianza.
El dictamen integra las iniciativas de los diputados María Fernanda Rivera Sánchez (PAN) y Víctor Manuel Bautista López (PRD), a nombre de sus respectivos grupos parlamentarios, así como la propuesta del gobernador Eruviel Ávila Villegas, enriquecida también con planteamientos de todos los grupos parlamentarios, además de la sociedad civil, especialistas y académicos expresados en los foros “Retos y Perspectivas de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública en el Estado de México y sus Municipios”.
Establece, entre otros aspectos, que el organismo garante se sumará a la articulación de esfuerzos para la construcción de un Sistema Nacional de Transparencia; se integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de México, así como los ayuntamientos, en la obligación de transparentar su quehacer cotidiano de manera más amplia y precisa, además de que se incorporan como sujetos obligados los partidos políticos, sindicatos, universidades, fideicomisos y toda aquella persona física o jurídica que reciba recursos públicos.
De igual forma, procura la reducción de plazos y tiempos de respuesta a los ciudadanos ante cualquier solicitud de información y se establece el servicio profesional de carrera en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.
Ante los supuestos de inexistencia de la información, si se parte de las responsabilidades de los sujetos obligados, éstos tendrán que generarla para que se pueda contar con ella en adelante; para la clasificación de la información, se procura que la información reservada sea la excepción y no la regla, esto para garantizar que sólo sea procedente clasificarla en concordancia con la ley general de la materia.
Por otro lado, ante supuestos de violación a los Derechos Humanos, será improcedente la clasificación de información reservada, se establece como prioridad para el órgano garante la implementación del programa de la cultura de transparencia, así como mecanismos para promover el gobierno abierto.
