Fiscalización con igualdad

Lourdes Morales Canales

“Será la próxima”. El mensaje escrito en mayúsculas sobre una servilleta adornada con la conocida sirenita de Starbucks, había sido cuidadosamente colocado en la puerta del auto, justo a las afueras de las oficinas del órgano de fiscalización superior de Colima. Era una mañana asoleada y fresca de febrero. Y aunque la caligrafía era aseada y la amenaza guardara las hipócritas formas del usted, el mensaje no podía ser tomado a la ligera.
A pesar de ser una de las entidades más pequeñas del país, en Colima está encendida desde el 2017 la alerta de género. En enero de este año, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Colima se convirtió en la entidad con mayor porcentaje de feminicidios por cada 100 mil habitantes. En esta entidad de apenas diez municipios, todos los días, veintidós mujeres sufren agresiones. Es un lugar en el que el machismo tiene permiso.
En esta ocasión, habría motivos adicionales. Cinco meses atrás, la auditora Indira García Pérez había presentado los resultados de las 29 auditorías correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Los resultados no eran buenos: más de 2 mil observaciones y 533 recomendaciones tenían que ser aprobadas por el Congreso. Sin embargo, a los diputados pareció sorprenderles que una mujer, joven, soltera y guapa les viniera a recordar sus obligaciones.
Sin cumplir con la ley, los diputados primero dijeron que “no había condiciones para calificar las cuentas”. Luego se auto-otorgaron una prórroga de dos meses y finalmente decidieron enmendarle la plana solicitando —sin motivación ni base legal— que hiciera mejor revisiones retroactivas del 2015, 2016 y 2017.
La independencia política y la autonomía técnica, presupuestal y de gestión es condición fundamental para quien se dedica a revisar qué se hace con el dinero público y si se cumple o no con el objetivo. Paradójicamente, fue en México que se adoptó la Declaración sobre la Independencia de las Entidades Fiscalizadoras con ocho principios que recuerdan la relevancia de que esta labor no obedezca a intereses políticos.
Sin embargo, desde las reformas en materia de combate a la corrupción existe la convicción, cada vez más generalizada, de que solo la fiscalización que resulte en castigo —preferentemente para un rival— es la que sirve. Poco interés hay en mejorar procesos, aumentar la vigilancia ciudadana y lograr que se gaste con mayor transparencia y rendición de cuentas.
Así lo han vivido los auditores que han tratado de cumplir con sus nuevas obligaciones. No en balde en más de la mitad de los Estados, los titulares de las auditorías locales han renunciado o han sido removidos sin concluir el periodo para el cual fueron designados.
En el caso de las mujeres la presión es mayor. La fiscalización superior sigue siendo un terreno de “encorbatados”. Al día de hoy, solamente seis entidades de fiscalización superior son encabezadas por mujeres. Los amores de las auditoras reciben más atención que un diploma. La Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores realizó el año pasado un diagnóstico sobre igualdad de género en cumplimiento de la Agenda 2030. En él se reflejan los enormes desafíos que las entidades de fiscalización enfrentan. En particular lo que se refiere a la conciliación de la vida personal con la vida profesional, el acceso a cargos de alta dirección y la igualdad de trato. Un mundo en el cual falta mucho por hacer.