IMPULSO/ Miguel A. García
Lerma
Problemas de ansiedad, pánico, llanto, falta de sueño y traumas similares a los de una experiencia trágica son parte de las secuelas que viven hoy en día cientos de niños de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, Municipio de Lerma, ello como resultado de las irrupciones violentas que ha hecho la Policia Estatal para concretar el trazo de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan.
De acuerdo a Priscila Rodríguez Viviesca, directora ejecutiva de Earth Defender, esta organización con sede en Washington demandó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Grupo HIGA, encargado de la obra, al presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa Angélica Rivera, además de autoridades estatales por haber permitido estas acciones.
El argumento para su acción, explica, es que, desde hace una década, han entrado ilegal y violentamente al territorio de la comunidad indígena, violando protocolos de actuación, afectando a población vulnerable como niños y mujeres con casos documentados de abuso físico.
“Le han pegado a niños sin importar que son niños, han amedrentado a sus familiares, han detenido a padres de familia y aterrorizado en general a la población”, explica Rodríguez Viviesca.
Informa que tienen casos de menores de 16 años con la mitad de su vida en conflicto, es decir, bajo un régimen de acoso y violencia por parte de granaderos del estado.
“Afuera de su casa, gente armada, coches sin placas con amenazas que recibe su papá o mamá, todo eso documentado desde hace ocho años”.
Sostiene que el caso Xochicualtla es paradigmático en la última década, toda vez que es sinónimo de la violación sistemática de los Derechos Humanos en contra de toda una comunidad, al ser una obra ilegal desde su creación, toda vez que el Bosque Otomí Mexica es una zona protegida de las ciénagas del Lerma, dentro de un Parque Estatal.
“Nos hemos dado cuenta de que los niños han sido, desafortunadamente, los más afectados con la imposición de este proyecto. Fue muy difícil convencer a sus padres para demandar porque están aterrorizados”, concluyó Rodríguez Viviesca.
Reconoce que, al momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está incapacitada para ejercer más presión sobre el Gobierno mexicano, derivado de la situación de violencia generalizada a los niños y líderes del movimiento opositor.
